En 1820, la proclamación de la Constitución por Fernando VII generó un fervor generalizado en España y sus colonias, incluyendo las Islas Canarias, donde la población celebró la llegada del régimen liberal con gran entusiasmo. Sin embargo, el impulso reformista chocó con la realidad insular: la imposición de impuestos elevados y leyes aduaneras desfavorables que afectaron severamente a la economía local. Los conflictos entre ciudades por la capitalidad y la resistencia a las reformas generaron tensiones internas, exacerbadas por los partidarios del absolutismo. Finalmente, la intervención francesa restauró el absolutismo en 1823, poniendo fin a este breve período de reformas y consolidando la inestabilidad en el archipiélago.
