Después de quince meses en prisión preventiva, los acusados son llamados a declarar. Algunos se niegan a contestar las preguntas de la acusación. Otros optan por pasar a la ofensiva y llevarán su declaración en el terreno de la confrontación política para convertir el juicio en una denuncia pública de la vulneración de derechos fundamentales por parte del estado español.
