En el contexto de la crisis económica y social del siglo XVIII, las Islas Canarias se vieron sacudidas por una serie de motines impulsados por la pobreza y las difíciles condiciones de vida. La llegada de medidas restrictivas para controlar el contrabando de tabaco, junto con la injusticia de desalojo de tierras comunitarias, exacerbó el descontento popular. Los campesinos, desesperados por la falta de recursos y afectados por las sequías y plagas, se rebelaron contra las autoridades, llevando a enfrentamientos violentos y la intervención de la iglesia para mediar en los conflictos. Este capítulo revela la tensión entre la opresión gubernamental y la resistencia popular en un periodo marcado por la agitación social y económica.
